Un derecho emergente

Erick R. Torrico Villanueva

Una de las novedades presentes en la Constitución Política del Estado vigente desde el pasado año es el reconocimiento del Derecho a la Información y la Comunicación, hecho que representa un salto cualitativo con relación a lo que establecía la anterior Carta Magna acerca de la libertad de expresión.

La boliviana es la segunda Constitución latinoamericana en incorporar el mencionado derecho ¬—la ecuatoriana lo hizo en 2008— y abre un conjunto de oportunidades con potencial incidencia en la expansión de la democracia. Sin embargo, la Información y la Comunicación todavía no están asumidas en su dimensión de derechos por la población, además de que su definición constitucional es insuficiente.

Esa situación es propicia para que pueda llevarse a cabo un amplio diálogo social en torno a este derecho emergente que posibilite su correspondiente formalización precisa y lo convierta en exigible. Así lo ha entendido la Fundación UNIR Bolivia que hace unas semanas publicó el documento “Información y Comunicación, derechos de todas las personas – Notas para un programa de reflexión” con el fin de proporcionar elementos conceptuales, históricos y propositivos sobre el particular.

“El establecimiento de un derecho plantea inevitablemente una tensión entre el individuo y la sociedad, entre lo personal y lo colectivo, pues lo que busca es definir un ámbito de regulación de las conductas, intento que no puede concretarse si no es recomponiendo parte del orden imperante”, recuerda el documento en alusión al juego de intereses que moviliza un tema así. Frente a ello, sostiene que la democracia es el mejor campo y la mejor estrategia de gestión de las diferencias en vista a la promoción del interés público.

Anota, asimismo, que todo derecho está compuesto por una o más libertades y que éstas, a su vez, implican una o más responsabilidades. Es la comprensión de ello, indica, lo que ha permitido el desarrollo alcanzado hasta hoy por la humanidad en materia de consagración de derechos, un proceso que lleva siglos y que tuvo un momento culminante en 1948 con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En materia de Información y Comunicación, un primer hito relevante estuvo representado por los debates que generó la propuesta del Derecho a la Comunicación en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura entre las décadas de 1970 y 1980.

Actualmente, se estaría manifestando un nuevo hito, a partir de la constitucionalización del Derecho a la Información y la Comunicación en algunos países como también de la aparición en varios otros de demandas sociales al respecto a diferencia de lo acontecido hace más de 30 años cuando tales movimientos más bien provenían de círculos especializados. Este segundo momento de importancia, entonces, comienza a caracterizarse por la legitimación ciudadana de la propuesta y por su real eficacia política.

La propuesta de la Fundación UNIR Bolivia (véase www.unirbolivia.org), que consigna una descripción de las libertades individuales y colectivas comprendidas en este nuevo derecho así como señala los principios irrenunciables que lo guían, se orienta a impulsar un programa de reflexión en que los actores de la sociedad y el Estado logren consensos para fomentar “la democracia comunicada y la comunicación democrática en el país” mediante el reconocimiento generalizado y la puesta en vigor del Derecho a la Información y la Comunicación.